Hace más de seis años, Uber inició operaciones en Costa Rica. Posteriormente, otras plataformas digitales enriquecieron la oferta de servicios de transporte y entrega de productos y alimentos. Gracias a esto, nos hemos beneficiado de millones de viajes seguros y hemos recibido nuestros productos y alimentos en la comodidad de nuestros hogares o lugares de trabajo.

En un país en el cual la tasa de desempleo superó el 24%, durante la pandemia, y en el cual se mantiene cercana al 15%, las plataformas digitales se convirtieron en una importante fuente de ingresos para decenas de miles de hogares, ya sea como principal fuente de ingresos o como una fuente de ingreso adicional. 

Adicionalmente, los servicios de entrega (delivery) permitieron a miles de negocios, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, ampliar su mercado y alcance geográfico. Para muchas de ellas, las ventas de las plataformas digitales marcaron la diferencia entre la vida y la muerte durante la crisis. Para otras, ha servido para dar a conocer sus negocios en nuevos espacios y para multiplicar sus ventas.

Lamentablemente, no todos han celebrado las nuevas oportunidades que han abierto las nuevas tecnologías y la mayor libertad para trabajar que han introducido. Quienes prestan sus servicios por medio de plataformas digitales han sido fuertemente criticados por grupos que las consideran una amenaza para su viabilidad, como los taxistas, quienes, en distintos momentos, han demandado–incluso recurriendo a bloqueos, manifestaciones y violencia–a su prohibición o cierre.

El Gobierno, por su parte, ha mantenido una posición ambivalente, mostrándose, por un lado, tolerante y, por otro lado, promoviendo la persecución de los prestadores de servicios por parte de los oficiales de tránsito en las carreteras, bajo el pretexto de que son ilegales, cuando, en realidad, simplemente, no han sido reguladas.

Ante esta realidad, ha emergido un consenso alrededor de poner fin a la incertidumbre que rodea la prestación de estos servicios. Sin embargo, no ha sido posible alcanzar un acuerdo acerca de cómo hacerlo. 

Una solución definitiva pasa por una regulación de las plataformas digitales, pero no de cualquier regulación. Una mala regulación podría tener graves consecuencias no deseadas que perjudicarán a quienes dependen de estas actividades. 

De hecho, en opinión de expertos en derecho laboral y derecho informático, los proyectos que actualmente se discuten para regularlas en el Congreso parecen no ser convenientes, ya que no han participado especialistas en su elaboración y discusión y no se han tomado en consideración las experiencias regulatorias en el ámbito internacional para este tipo de plataformas.

Algunos de los temas no resueltos por las propuestas actuales incluyen:

i) Determinar si existe, o no, una relación laboral entre las plataformas tecnológicas y los prestadores de servicios,

ii) El acceso a los algoritmos utilizados por las plataformas tecnológicas por parte de los prestadores de servicios,

iii) El trato que se le da en la legislación laboral a los trabajadores independientes,

iv) Modernización y flexibilización de la legislación laboral para acomodar distintos esquemas de colaboración, y

v) La necesidad de tomar en consideración las diferencias entre distintos tipos de plataformas y distintos tipos de servicios (no se puede meter a todos en el mismo saco).

¿Cuál debería ser el próximo paso? Se debería aprobar de inmediato una regulación mínima para terminar el debate acerca de la legalidad de las plataformas digitales. Los otros temas, que demandarán mayor discusión y estudio, deben quedar para después.

Para mayor discusión, ver Conversatorio virtual: ¿Cómo regular las plataformas digitales? [VIDEO]