Los elevados costos de electricidad afectan el bolsillo de todos los hogares costarricenses. También, se han convertido en una fuente importante de desventaja competitiva, ya que encarece los costos de producción en el país y desincentiva la inversión en actividades intensivas en el uso de electricidad.

Durante muchos años, distintos sectores han abogado por la necesidad de reformas que contribuyan a la reducción de los costos de la electricidad, pero no han logrado avanzar, debido, principalmente, a la resistencia institucional del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la falta de apoyo político, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo, para avanzar con las reformas.

Recientemente, la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE), preparó una propuesta de agenda de cambio estratégico en el sector eléctrico costarricense, con base en un estudio de consultores internacionales que comparó la situación actual del sector eléctrico costarricense, en varias dimensiones, con la de otros países más competitivos para generar una serie de propuestas de intervención. 

De acuerdo con Mario Alvarado, Director Ejecutivo de ACOPE, “el sector eléctrico de Costa Rica no tiene un mercado propiamente dicho o, por lo menos, no un mercado competitivo”. La manera en que está organizado y la regulación que no responde a las necesidades actuales se han convertido en un obstáculo para el progreso del país y se desperdicia nuestra capacidad de generación de energía limpia y a bajo costo.

De acuerdo con un estudio reciente de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), los generadores privados de energía tienen los precios más competitivos del sector, al compararlos con los de las plantas del ICE y de las distribuidoras. Sin embargo, esa ventaja en los precios de los generadores privados no necesariamente beneficia a los consumidores, ya que ICE, de manera unilateral, ha tomado la decisión de dejar de comprar energía limpia y barata a generadores privados. 

La situación de los generadores privados se complica más debido a que, increíblemente, la energía no se puede exportar, si no se exporta por medio del ICE. Actualmente, tampoco se permite a los generadores privados vender su energía, cuando ICE no quiere comprarla, a otras distribuidoras eléctricas, a pesar de que han manifestado interés en adquirirla.

Se deben aprobar reformas que permitan a los generadores privados convertirse en agentes del Mercado Eléctrico Centroamericano y, también, otras que permitan aprovechar mejor las oportunidades para el desarrollo de actividades electrointensivas en el país–como la minería de criptomonedas, la producción de hidrógeno verde, amoniaco y la movilidad eléctrica–aprovechando nuestra capacidad de generación de energía renovable y limpia.

Un cambio fundamental y necesario para transformar la operación del sector eléctrico es lograr la autonomía e independencia del Centro Nacional de Control de Energía (CENCE), el cual actualmente funciona como una unidad administrativa dentro de la Gerencia Eléctrica del ICE, lo cual representa un importante conflicto de intereses. Este cambio permitiría aspirar a la optimización de despacho de mínimo costo y desarrollar un mercado de ocasión, o mercado spot, para atender eficientemente las demandas de electricidad. A esto se debe sumar la posibilidad de que generadores públicos y privados y consumidores calificados, aquellos que tengan un consumo suficientemente representativo, puedan participar como agentes del mercado eléctrico regional, lo cual les permitiría mejorar sus condiciones de compra-venta de electricidad y reducir sus costos.

Otro cambio profundo se requiere en la planificación. Actualmente, la elaboración del plan de expansión la hace una oficina del ICE, lo cual representa, nuevamente, un conflicto de interés. En este ámbito se necesita moverse a un proceso participativo y abierto, supervisado por ARESEP y que cuente con el apoyo técnico de un CENCE independiente y neutral, bajo la dirección del Ministerio de Energía o el Ministerio de Economía. 

Este cambio en la planificación y la gestión de la expansión de proyectos futuros debería estar basada en licitaciones abiertas, con participación pública y privada y de Alianzas Público-Privadas (APPs). Además, se debe promover la competencia con el objetivo fundamental de bajar costos y favorecer a los usuarios. La mayor transparencia y competencia contribuiría, a su vez, a enviar señales más claras de precios para la inversión y contribuiría a reducir la incertidumbre que rodea la estimación de los costos futuros de energía en Costa Rica.

Para mayor discusión, ver “¿Qué hace falta para bajar el costo de la electricidad?”, con Mario Alvarado