Los problemas de desempleo e informalidad son bien conocidos. De acuerdo con cifras del INEC al tercer trimestre de 2021, unas 378 mil personas se encontraban desempleadas, lo cual es equivalente a un 14,4% de la fuerza de trabajo, y más de 926 mil personas ocupadas trabajan en la informalidad, un 44,2% de la población ocupada total.
El contar con un trabajo, aparte de generar ingresos, contribuye a dignificar a las personas y aspirar a mayores niveles de bienestar, evidentes en términos de nutrición, educación, salud y oportunidades de desarrollo. De manera similar, la formalidad en el trabajo permite acceder a mayores oportunidades de crecimiento, financiamiento y de negocios, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Así como los problemas de desempleo e informalidad son bien conocidos, también son bien conocidas las reformas que son necesarias para combatirlos. Sin embargo, ha faltado la voluntad política para aprobar, de una vez por todas, esas reformas, a pesar de la crítica situación y los vehementes llamados por parte del sector productivo, la OCDE y centros de estudio, entre otros.
Por una parte, el Gobierno no ha priorizado estas reformas y no las ha impulsado durante los periodos de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, cuando controla la agenda de proyectos que pueden ser discutidos y, eventualmente, aprobados. Por otra parte, los diputados de los partidos representados en la Asamblea Legislativa no se han logrado poner de acuerdo para avanzar de manera expedita en su aprobación.
También, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)–integrada por 3 representantes del Poder Ejecutivo, 3 representantes de los patronos y 3 representantes de los trabajadores–no ha logrado ponerse de acuerdo para aprobar las reformas que servirían para aliviar, de manera importante, la situación. No se puede dejar de mencionar, tampoco, los atrasos relacionados con la intervención de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que afectan el avance de los proyectos de ley en el Congreso y retrasan la aprobación de reformas por parte de la Junta Directiva de la CCSS.
Entre las reformas que se han discutido con mayor intensidad, recientemente, y que son de necesaria aprobación, se encuentran:
i) La amnistía de intereses y cuotas relacionadas con las cotizaciones a la seguridad social (la Sala Constitucional determinó que no se pueden aplicar una amnistía al principal de las deudas),
ii) La prescripción de las deudas a los 4 años (en algunos casos, la CCSS cobra deudas por 15 años, que se vuelven impagables),
iii) Necesidad de corregir los mecanismos de fijación de deudas por parte de la CCSS (considerados arbitrarios e ilegales),
iv) Posibilidad de cotizar por el tiempo real laborado, eliminar las diferencias en las cotizaciones entre trabajadores asalariados e independientes y
v) La simplificación de trámites para la formalización.
Para mayor discusión, ver Conversatorio virtual: Reformas para combatir el desempleo y la informalidad: ¿cuánto han avanzado? [VIDEO]
