Que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran es algo bien conocido. Los motivos de la errática política de Costa Rica con respecto a las plataformas digitales de movilidad durante los últimos 7 años, no. La política de las últimas dos administraciones fue estacional, entre la prohibición y la pasivo-agresividad, según fuera el nivel de presión que recibía del gremio del taxi.
Las consecuencias de este modelo saltan a la vista: 1) El Estado no pudo detener la actividad que calificó de “ilegal”. Al contrario, las plataformas han crecido en usuarios (más de 1 millón), en conductores (más de 30 mil) y en empresas (Uber, Didi, InDriver). 2) Ha representado una pérdida importante de ingresos frescos y necesarios para el Estado, que pudo haber obtenido si se hubiera optado por un modelo regulatorio que permitiera la recaudación más allá del IVA que ya recauda). 3) El Estado no fue capaz de construir un modelo regulatorio, dijo que no era lícita por no estar regulada, pero tampoco la pudo regular.
Las tres opciones principales que tienen los Estados frente a las plataformas de transporte son: a) La prohibición, que en nuestro país ha sido meramente argumentativa, y fracasó rotundamente. b) La pasividad regulatoria, que permite la operación con autorregulación en su funcionamiento, tarifas, relación con los conductores, etc. c) Marcos regulatorios, con distintos niveles de intensidad, que pueden ir desde una regulación mínima, generalmente el cobro de un impuesto o canon por cada viaje, hasta regulaciones más intensas.
En un país que sobre regula, pero que fiscaliza mal sus propias regulaciones, pensar en un modelo liviano que combine la pasividad regulatoria con la recaudación fiscal pareciera la solución más razonable y adecuada para el mercado y para la situación fiscal. Las plataformas, han contado con la aceptación de los dos participantes del mercado que las usan: los consumidores y los conductores. El crecimiento exponencial en el número de ambos participantes así lo demuestra, y ha dado lugar incluso a un mercado multiplataforma, que contribuye a la libre competencia. En ese contexto, la única intervención que el Estado debería tener en este mercado es ejercer su derecho soberano de cobrar un impuesto a la actividad. Este impuesto podría consistir en un canon por cada viaje, como sucede ya en otros mercados, pero también en acuerdos con las plataformas para promover que los conductores paguen los impuestos por la actividad comercial que realizan, o sistemas que permitan al consumidor la generación de facturas electrónicas por cada viaje, para efectos de trazabilidad fiscal.
Pero, en un país sobre regulador como Costa Rica, si la pasividad regulatoria no satisficiera el apetito del leviatán y se quisiera optar por un marco regulatorio para la actividad, es indispensable que sea construido mediante un modelo de interacción con las plataformas que permita espacios de conocimiento y formación adecuados para que la regulación resulte efectiva. El primer paso que debería tomar la nueva Administración es la negociación, partiendo del supuesto de que busca regular una actividad, no legalizarla, ya que no existe sustento jurídico para concluir que la actividad es ilegal.
Las plataformas no se oponen a un marco regulatorio, ya están acostumbradas a lidiar con la regulación. Pero muy distinto es un modelo sancionatorio disfrazado de regulación, como el que se intentó con el Proyecto de Ley 21.228 impulsado por el MOPT, que en el fondo lo que procuraba era sacarlas del mercado, y que fue producto de ceder a las presiones del gremio del taxi, que lejos de querer liberarse de sus propias ataduras, buscaba taxificar el modelo de las plataformas y convertirlo en inviable.
Aspectos que no serían razonables en un marco regulatorio moderno, justo y centrado en el usuario, serían, por ejemplo: a) Imponer un número máximo de conductores que puedan dedicarse a la actividad, b) Considerar a los conductores como empleados de las plataformas, y atribuirles que por ende tienen todos los derechos derivados de esa condición, c) Imponer una multa a las plataformas que han operado hasta ahora en el mercado (como pretendía el Proyecto antes mencionado).
Se requiere un cambio de enfoque y aceptar que estas plataformas son una realidad que no se puede obviar, y que, en un contexto de desempleo galopante, son la fuente de sustento de miles de familias en Costa Rica y una solución de movilidad altamente aceptada por los ciudadanos.
Mauricio París es socio de ECIJA en Costa Rica, a cargo de la práctica de Tecnología y Economía Digital. Director de CAMTIC y Profesor de posgrado de la Universidad de Costa Rica.
Para mayor discusión, ver “Regular las plataformas digitales es necesario, pero no como se quiere hacer“, y los videos de los conversatorios “Una solución definitiva para la regulación de las plataformas digitales”, y “¿Cómo regular las plataformas digitales?“, organizados por IDEAS Labs y que tuvieron lugar el 15 de marzo de 2022 y el 22 de noviembre de 2021, respectivamente.
