Una mente es algo terrible que desperdiciar y, en Costa Rica, desde hace décadas, las estamos desperdiciando por miles.
Una ley obsoleta e injusta–contraria a las mejores prácticas internacionales–limita la libertad para trabajar de científicos de clase mundial en el país y resta viabilidad a la investigación, el bioemprendimiento y la bioindustria.
Como consecuencia, Costa Rica está perdiendo oportunidades para la atracción de inversiones, para la generación de puestos de trabajo bien remunerados y muchísimos jóvenes talentosos y capacitados se ven obligados a abandonar el país para poder desarrollarse profesionalmente.
¿Cuál es el problema? Hace casi medio siglo, cuando fue aprobada la Ley General de Salud (LGS), N° 5395, vivíamos en un mundo muy distinto. Desde una perspectiva del conocimiento y desarrollo científico y tecnológico, por ejemplo, no existían pruebas PCR (1983), no había iniciado el Proyecto del Genoma Humano (1990-2003), no contábamos con el Atlas del Genoma de Cáncer (2006), tampoco conocíamos las técnicas modernas para la secuenciación del ADN o clasificaciones genómicas para análisis de distintos tipos de cáncer.
La rápida y dinámica evolución del conocimiento científico y tecnológico en estas áreas de conocimiento transformó radicalmente la salud humana, en distintos ámbitos. La medicina preventiva e intervenciones diseñadas a la medida para los pacientes (descubrimiento de biomarcadores, predicción de riesgos por medio de la construcción de puntajes de riesgo poligénico y marcadores farmacogenómicos), la medicina personalizada (perfiles moleculares elaborados por medio de la agrupación de pacientes), tratamientos acelerados y focalizados (descubrimiento de perfiles de diagnóstico molecular y de factores novedosos que se pueden atacar con drogas existentes para otras indicaciones), nuevos enfoques terapéuticos (identificación de nuevas asociaciones genéticas y sus mecanismos).
No cabe la menor duda de que, durante las últimas décadas, la LGS perdió vigencia y no evolucionó para reflejar la evolución de la ciencia y el conocimiento. Como consecuencia, se convirtió en una regulación obsoleta, sin relación a la realidad actual y divorciada, por completo, de los requerimientos regulatorios modernos que permitirían aprovechar las oportunidades de esta nueva realidad. En otras palabras, se ha convertido en un serio obstáculo para el desarrollo actual y futuro del país y en una herramienta para la discriminación injusta y arbitraria de científicos nacionales y extranjeros con capacidad de empujar la frontera conocimiento científico y tecnológico en nuestro país.
Estos problemas se reflejan en una clasificación de laboratorios que no guarda relación con las mejores prácticas internacionales (artículo 83), una “lista” sin sustento técnico y arbitraria de profesionales en Ciencias de la Salud limitada a “quienes ostenten el grado académico de Licenciatura o uno superior en las siguientes especialidades: Farmacia, Medicina, Microbiología, Química Clínica, Odontología, Veterinaria, Enfermería, Nutrición y Psicología Clínica” (artículo 40)–que ignora las críticas recogidas en el Dictamen 364, del 24 de octubre de 2005, de la Procuraduría General de la República en relación con las definiciones de las definiciones arbitrarias del concepto de “ciencias de la salud”, el desconocimiento legal del carácter de una disciplina como ciencia de la salud y la aplicación de una lista taxativa que impide incluir a otras profesiones, elementos que, evidentemente, no pasan el menor filtro de razonabilidad–.
Es importante mencionar que la “lista” taxativa de profesiones del artículo 40 de la LGS contrasta con la definición y políticas de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los esquemas de clasificación internacionales vigentes que se utilizan alrededor del mundo para definir profesiones en Salud, incluyendo las de UNESCO, OMS, OIT y OCDE.
¿Qué beneficios traería consigo la aprobación de una reforma que permita eliminar estas distorsiones? Primero, permitiría la homologación en materia de salud y biomedicina con otros países, incluyendo a los países miembros de la OCDE. Segundo, potenciaría la inversión y el emprendimiento en la industria de la biotecnología y la biomédica. Tercero, promovería la libre competencia entre profesionales en diferentes áreas, según su formación académica y perfil profesional.
¿Cuál ha sido, al final de cuentas, el verdadero obstáculo para que se aprueben las reformas necesarias para modernizar la LGS? El obstáculo principal para la aprobación de las reformas ha sido la defensa a ultranza de un privilegio arbitrario e injusto–que le cuesta miles de millones de colones anuales a los costarricenses–y que beneficia exclusivamente a los profesionales incluidos en la famosa “lista” de profesionales en Ciencias de la Salud (artículo 40), de acuerdo a lo que establece la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, N° 6836, la cual, entre otras cosas, establece, en su artículo 12, lo que popularmente se conoce como “enganche médico”:
“Cada vez que se efectúe un aumento general de salarios para los empleados o funcionarios públicos del Gobierno Central, incluso por incentivos generales o aumentos de carácter general, que no se integren a la base salarial, las personas profesionales en Ciencias Médicas, con grado académico de Licenciatura o uno superior, tendrán como mínimo un aumento porcentual, igual al porcentaje en que aumentó el salario promedio de los empleados y funcionarios públicos.
Sin embargo, por ningún motivo el salario total promedio de los profesionales en Ciencias Médicas podrá, ser inferior al salario total promedio de otros profesionales del Gobierno Central o de las instituciones autónomas, en escalafones equivalentes; se entiende que no se considerarán los ingresos que perciban los notarios por dicho trabajo o función.”
La Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, incluyendo su “enganche médico”, debe derogarse de inmediato, ya que se trata de un caso más de perversión de la ley para crear diferencias entre los costarricenses, donde antes no existían, y para regalar el dinero de los contribuyentes a grupos injustamente privilegiados, en detrimento de las finanzas públicas.
Finalmente, hacemos un llamado claro, directo y vehemente a los encargados de políticas públicas en el Poder Ejecutivo, a los jerarcas de instituciones relacionadas con la Salud y, especialmente, a los diputados de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa para que, con carácter de urgencia, se aprueben las reformas necesarias a la LGS y se elimine todo tipo de distorsiones institucionales y regulatorias que impiden desatar el potencial productivo y creativo de miles de costarricenses.
#LibertadParaTrabajar✌️🇨🇷
Para mayor discusión, ver el video del conversatorio “Desatando el potencial creativo y productivo: reformas urgentes a la Ley General de Salud”, organizado por IDEAS Labs y que tuvo lugar el 22 de marzo de 2022.
