Desde hace ya más de dos años, se discute en la Asamblea Legislativa, el impuesto más peligroso para el país visto en años, no solo por razones intrínsecas al impuesto, sino por las implicaciones antidemocráticas esenciales de este mal llamado “Impuesto a las casas de lujo” y los despiadados descubrimientos de los gobiernos de turno en su fácil manipulación.
La aplicación de un impuesto a un activo, en vez de a una actividad lucrativa o acto generador de ingresos, ha sido siempre la gran tentación de los políticos de turno, al ser el activo tasado fácilmente rastreable y mejor aún, su propia garantía de pago ya que, en caso de incumplimiento, el gobierno subasta el bien para recuperar lo dejado de pagar por el contribuyente.
En los últimos años, se descubrió el principal atractivo de estos impuestos, el cual es la posibilidad del Gobierno de burlar los controles, frenos y contrapesos democráticos depositados en la Asamblea Legislativa (principio de reserva del Ley), para obtener la modificación de la tasa del tributo a fin de incrementar la recaudación, por medio de la simple manipulación administrativa del valor de los activos tasados por medio de disposición administrativa.
Este abuso de potestades de imperito administrativas burlando el control legislativo, lo hemos visto claramente estos dos últimos años con el injustificado incremento al valor de los vehículos pretendido por el gobierno con el fin de incrementar la recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos (marchamo) y recientemente con el desproporcionado incremento en el valor de los bienes inmuebles producido a raíz de la modificación introducida, sin criterio técnico ni comunicación y consulta a los sectores afectados, por el Órgano de Normalización Técnica (ONT) del Ministerio de Hacienda, en la última actualización del “Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva”, de Octubre del año 2021, que aumentó la depreciación de los inmuebles de 60 años a 120 años y otros, así como los progresivos aumentos de los “Mapas de Valores de Terrenos y Condominios por Zonas Homogéneas”.
Al experimentar los costarricenses esta ilegal extralimitación de las potestades de imperio de nuestro Estado, estamos en nuestro absoluto derecho de exigir los controles legislativos y judiciales otorgados por nuestro sistema democrático, haciendo conciencia en Diputados y Magistrados de la gran necesidad de coartar, limitar y regular con mayor fortaleza y persistencia estos abusos del Estado máxime cuando empiezan a tocar y afectar bienes sensibles y vulnerables base y el sustento de la sociedad y la democracia, como lo es “El Hogar” basado en el derecho sagrado a una vivienda digna, indistintamente a la clase social que Usted pertenezca.
Es aquí, donde el mal llamado “Impuesto a las casas de Lujo”, dentro de la coyuntura fiscal, social, económica y la experiencia del recurso político actual, se convierte en uno de los mayores peligros democráticos que debe afrontar Costa Rica.
En este momento específico, con un desempleo superior al veinte por ciento producido por la reciente crisis sanitaria mundial que afecta a todo estrato social, imponer un impuesto a los hogares de los costarricenses es una absoluta irresponsabilidad, por cuanto tasar un activo improductivo como lo es una casa de habitación, no respeta el principio constitucional tributario de ajuste a la capacidad contributiva de los afectados por el impuesto. Al ser las casas de habitación bienes que no generan renta o ingresos, el impuesto a las casas de los costarricenses es un impuesto que recae directamente sobre el salario, los ingresos ordinarios de los contribuyentes y más grave aún, las pensiones de los adultos mayores o sus viudas que construyeron sus casas en épocas de otra capacidad económica, irrespetando de la forma más burda la capacidad contributiva de ciudadanos, el principio de generalidad e igualdad tributaria y peor aún, tasándose una inversión pasiva construida con ingresos que ya pagaron impuestos en su momento, violentando también el principio de prohibición de la doble imposición.
Por otro lado, el balance entre la necesidad del gobierno de ingresos frescos para atender la crisis fiscal y la obligación de los contribuyentes de sacrificarse con más impuestos para atender la crisis y el acuerdo con el FMI para salir de ella, se ha desvirtuado en los últimos meses, al medirse actualmente los efectos reales del sacrificio ya entregado por el sector productivo en el año 2018, con la aceptación de la modificación del Impuestos de ventas al IVA, la entrega de las ganancias de capital y las rentas mobiliarias e inmobiliarias contenidas en la “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, la cual ha generados a este último mes un superávit fiscal primario del 1.3% según las últimas informaciones.
Por la naturaleza misma injusta, antidemocrática de este impuesto, su falta de control, fácil manipulación por parte del Estado y en esta coyuntura política, económica y mundial, establecer un impuesto a los hogares de los Costarricenses, para recaudar un máximo de treinta y cuatro mil millones de colones cuando el Gobierno, con una economía apenas reaccionando a la crisis mundial ha aumentado ya sus ingresos a trillones de colones, no es una decisión democrática, política, económica o social sensata y correcta. Este impuesto sería una verdadera vergüenza para nuestro país.
Pablo Enrique Guier Acosta es abogado de profesión y Presidente de Asejur, bufete en el cual se ha dedicado principalmente a la asesoría legal empresarial y corporativa, con gran experiencia en el ejercicio derecho del desarrollo inmobiliario además de la práctica en propiedad intelectual y el litigo civil y comercial. Es Presidente de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles (Caprobi) desde el año 2018 a la fecha y participa también en la Junta Directiva de la FedeCámaras y la Cámara Italo Costarricense.
Pablo Enrique Guier Acosta
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