En Costa Rica, la actualización del impuesto único a los combustibles se lleva el trofeo a la normativa más perversa, este impuesto es un digno ejemplar del infierno fiscal que los políticos de turno han tratado de consolidar. Su origen es la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Ley número 8114, del 04 de julio del 2001, que en su artículo 3, inciso a), contiene la forma de actualización del impuesto:
“Artículo 3º-Actualización del impuesto. El Ministerio de Hacienda deberá:
a) Actualizar trimestralmente el monto de este impuesto, por tipo de combustible, a partir de la vigencia de esta Ley, de conformidad con la variación en el índice de precios al consumidor que determina el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En ningún caso el ajuste trimestral podrá ser superior al tres por ciento (3%). (…)”
Es decir, por Ley se prevé que, de acuerdo con la variación de índice de precios del consumidor, el impuesto podría aumentar trimestralmente hasta 3%, eso hace que durante el siguiente trimestre aumenten los precios de todos los bienes y servicios que usan combustibles como parte de sus insumos, lo que inercialmente genera que en ese trimestre aumente el índice de precios al consumidor, que, a su vez, será tomado en cuenta para el ajuste al alza del impuesto para el próximo trimestre. Es decir, es un infinito e indefinido ciclo perverso de aumentos, sobre todo en un entorno nacional e internacional con el que se puede prever que la inflación no va a bajar o a quedar en números negativos.
La utilización de esa fórmula de cálculo ha implicado que, como proporción de los precios finales, el impuesto haya oscilado entre un 23% y un 55%. En otras palabras, ante una reducción en los precios internacionales de los combustibles, el impuesto – que es siempre creciente – queda elevado y la reducción para los consumidores tiene un techo.
Sumado a lo anterior, a inicios de la declarada Emergencia Nacional por el COVID-19, se aprobó una ley para que, si el precio fijado por la ARESEP quedaba por debajo de ₡517,22 para la gasolina súper y de ₡492,18 para la gasolina plus, el precio al consumidor no bajara y que ese monto que correspondía a una rebaja el gobierno se lo dejara para su uso; es decir, otro impuesto para los consumidores. Lo que esto quiere decir es que, en caso de que los precios vuelvan a bajar, podría volverse a aplicar el congelamiento para que no se hagan efectivos los rebajos a los consumidores.
En la Asamblea Legislativa, hay varios proyectos de Ley que proponen reformar el impuesto y su actualización, reduciéndolo a la mitad o dejándolo en un monto fijo; sin embargo, nunca han contado con apoyo suficiente. También, algunas cámaras empresariales, han mostrado interés en reducir el impuesto aplicando el Impuesto al Valor Agregado (13%), lo cual significa que el impuesto se movería proporcionalmente con el precio internacional de los combustibles. Estas propuestas contrastan con lo que actualmente los consumidores pagan por los combustibles, ya que según La Gaceta del día 30 de marzo del 2022, el impuesto único a los combustibles significaba para la gasolina súper un 30%, para la gasolina plus un 29% y para el diésel el 18%.
Quienes se oponen a un cambio en el impuesto a los combustibles frecuentemente usan como excusa su aparente preocupación por la “sanidad de las finanzas públicas”, pero ignoran que, en la práctica los usuarios de combustibles tendrán más ingreso disponible para consumir, contratar personal y aumentar la producción, lo cual a su vez pagará IVA, Impuesto Sobre la Renta o alguno de los más de 100 impuestos vigentes, y, con eso, la Hacienda Pública recuperará gran parte de lo dejado de recibir por el impuesto a los combustibles.
En los últimos días, como consecuencia de la crisis entre Rusia y Ucrania, ha tomado fuerza el congelamiento del impuesto por un plazo de doce meses; sin embargo, esto no solucionará el problema de fondo y se desaprovechará la presión popular para lograr un cambio estructural que beneficie a todos los consumidores y que se acabe de una vez por todas el perverso impuesto a los combustibles.
Ester Méndez
Asesora parlamentaria
